La aspirante a la presidencia por el partido oficialista LIBRE, Rixi Moncada, ha enfocado su campaña en críticas hacia el sector privado, lo que ha causado inquietud respecto a la estabilidad económica del país y la confianza de los inversores tanto locales como internacionales. Su discurso se caracteriza por acusaciones directas hacia los empresarios, describiéndolos como “evasores y corruptos”, mientras no se menciona la contribución de las empresas en la generación de empleo y el impulso del desarrollo económico.
La insistencia de Moncada en avanzar con la Ley de Justicia Tributaria, ampliamente criticada por los gremios empresariales, ha intensificado la incertidumbre en los sectores productivos. La percepción de riesgo sobre políticas fiscales y regulatorias ha provocado un distanciamiento de inversionistas, quienes interpretan estas medidas como un posible obstáculo para la continuidad de proyectos y la entrada de capital. El efecto sobre el empleo formal podría ser significativo, dado que la inversión privada es un motor central de generación de plazas laborales en Honduras.
Iniciativas de confiscación y manejo financiero
El programa de Moncada contempla iniciativas que incluyen la posibilidad de expropiaciones masivas y la implementación de políticas de control económico consideradas por expertos y empresarios como de alto impacto para la economía. Estas medidas, según el análisis de distintos sectores, podrían derivar en cierres de empresas y un deterioro del tejido productivo, incrementando la vulnerabilidad de la población frente a la pérdida de empleo y oportunidades de desarrollo.
La amenaza percibida se incrementa mediante el uso de medios estatales para transmitir mensajes políticos, utilizando fondos públicos para promover su retórica polémica. Esta táctica genera un ambiente de división y eleva la duda sobre la gestión gubernamental y la estabilidad de las instituciones, que son elementos esenciales para asegurar la inversión y la economía del país.
Repercusiones para la confianza empresarial
El diálogo entre el sector privado y el partido LIBRE ha mostrado tensiones significativas, especialmente en torno a la implementación de políticas fiscales y regulatorias que afectan directamente la operación de empresas. La persistencia en un discurso que responsabiliza exclusivamente a los empresarios por problemas económicos genera un ambiente de desconfianza que, de mantenerse, podría limitar la inversión y ralentizar el crecimiento económico.
Los expertos destacan que, si bien los planes de Moncada abogan por una intensificación del papel estatal en la economía, también representan amenazas específicas para la estabilidad en Honduras. La visión de un esquema económico parecido al de Venezuela, conocido por sus restricciones centralizadas y presión hacia el sector privado, incrementa la precaución entre inversores y empresarios sobre la factibilidad de nuevos emprendimientos.
Visión institucional y social
La campaña de Rixi Moncada y su estrategia de comunicación tienen implicaciones sobre la relación entre gobierno, sector privado y ciudadanía. La tensión entre la promoción de medidas fiscales y la estabilidad económica resalta la necesidad de diálogo institucional y coordinación con actores clave para minimizar impactos negativos. La política fiscal y económica proyectada por el partido LIBRE plantea un escenario donde la gobernabilidad, la participación empresarial y la confianza ciudadana se convierten en elementos centrales del debate preelectoral.
En el presente panorama político, Honduras enfrenta retos significativos: garantizar la continuidad de las inversiones, sostener la generación de empleos y conservar la estabilidad de las instituciones mientras se discute la dirección económica de la nación. La postura de Moncada respecto al sector privado y sus iniciativas sobre regulación fiscal y expropiación marcan un momento crucial que podría influir en la forma en que se percibe a Honduras a nivel regional e internacional.
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