La reciente publicación del Módulo de Inclusión Financiera dentro de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de noviembre de 2024, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE Honduras) en colaboración con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), arroja una radiografía actualizada sobre la participación de la población hondureña en el sistema financiero formal. La encuesta, que abarcó 7,250 hogares equivalentes a 26,576 personas, proporciona datos de alta representatividad sobre acceso, uso y educación financiera, ofreciendo información relevante en un momento marcado por debates políticos sobre la regulación del crédito.
Uso del crédito y factores determinantes
El informe demuestra que la utilización del crédito está directamente vinculada a los niveles de renta, incrementándose a medida que se avanza en los quintiles de ingresos. Esta tendencia se explica por elementos estructurales como la capacidad de pago, la demanda efectiva, el conocimiento de la oferta financiera, la educación financiera y la alfabetización digital.
La encuesta incluyó preguntas sobre la solicitud de préstamos en los últimos 12 meses, considerando diferentes fuentes: instituciones financieras, prestamistas informales, casas de empeño y comercios. Para quienes no solicitaron crédito, se indagó el motivo. Los resultados muestran que el 91,3% de las razones corresponden a la falta de demanda o a percepciones de riesgo: «No lo he necesitado», «No cumplo con los requisitos» y «Tomar un crédito es demasiado riesgoso». Por el contrario, la razón vinculada a estar inscrito en la Central de Riesgos, que ha sido citada en debates políticos, representó apenas 0,7%, un dato que indica su relevancia marginal dentro de las barreras de acceso al crédito.
Estos hallazgos contrastan con planteamientos de actores políticos, como la candidata oficialista de LIBRE, quien ha argumentado que la Central de Riesgos limita la posibilidad de obtener crédito y ha propuesto su eliminación. La evidencia estadística sugiere que las verdaderas limitaciones al acceso financiero se encuentran más asociadas a variables socioeconómicas, educativas y de ahorro, así como a la percepción de riesgo derivada del clima económico.
Inclusión financiera y comparativo regional
En términos de participación en el sistema financiero, la encuesta refleja un nivel de bancarización del 42% de la población mayor de 15 años con algún tipo de cuenta de depósito o billetera electrónica. Este dato es coherente con la información del Global Findex 2025 del Banco Mundial, que reporta un 42% para Honduras en 2024, y coloca al país por debajo de naciones vecinas como Costa Rica (71%) o Panamá (64%). Además, se observa un retroceso en comparación con indicadores previos a la pandemia de 2017, lo que evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el país en términos de inclusión financiera.
El estudio subraya que la ampliación del acceso al crédito y a servicios financieros requiere soluciones basadas en evidencia, como educación financiera, fortalecimiento del ahorro y mejora del clima de negocios. Medidas que impliquen la eliminación o manipulación de información crediticia podrían resultar en un retroceso institucional y en mayores barreras para quienes aún no tienen acceso al sistema formal.
Desafíos institucionales y contexto económico
El componente de inclusión financiera posibilita la detección de los puntos clave que restringen el crecimiento del crédito en Honduras. Dejando a un lado los debates políticos acerca de la Central de Riesgos, la disponibilidad y utilización del crédito se ve influenciada por la solvencia económica de las familias, la formación financiera y la evaluación del riesgo en un contexto caracterizado por la inestabilidad económica y una elevada tasa de empleo informal.
La evidencia recopilada por el INE Honduras, la CNBS y el BID ofrece un insumo valioso para la formulación de políticas públicas orientadas a mejorar la participación financiera de manera segura y sostenible, evitando la adopción de medidas que no respondan a datos comprobables. El análisis de la encuesta confirma que la inclusión financiera es un proceso multifactorial, donde los ingresos, la educación y la planificación económica son determinantes más relevantes que la sola regulación del crédito.