La difusión de un video que muestra a Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en reuniones con integrantes del narcotráfico ha desatado una nueva crisis política en Honduras. Las imágenes, difundidas en medios digitales y conocidas como el “narcovideo”, plantean interrogantes sobre la financiación de campañas del partido LIBRE y la profundidad de la penetración criminal en las instituciones del país.
El video y las declaraciones
Durante la grabación se observa a Carlos Zelaya conversando con integrantes de grupos criminales involucrados en el narcotráfico, incluyendo a miembros de la banda «Los Cachiros». Según documentos legales de ámbito internacional y testimonios presentados en procesos legales anteriores, estos encuentros podrían estar ligados a aportes financieros importantes dirigidos a las campañas electorales de la izquierda en Honduras desde el año 2013.
El video se alinea con investigaciones anteriores que ya indicaban posibles conexiones entre líderes políticos y organizaciones dedicadas al narcotráfico, lo que incrementa las sospechas sobre la participación de las élites en la consolidación de pactos con redes criminales. Las alegaciones también mencionan a Manuel Zelaya, citado en informes internacionales por su vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos de liderar el denominado «Cartel de los Soles».
Influencia política en la administración de Xiomara Castro
La divulgación de datos ha provocado varias críticas contra el gobierno de Xiomara Castro, mencionando específicamente a su familia en la polémica. Diversos colectivos señalan a la presidenta por no actuar con decisión ante las reclamaciones y por poner en primer lugar la protección de sus familiares.
De forma simultánea, la oposición ha utilizado la oportunidad para aumentar las críticas hacia el gobierno, destacando la necesidad de aclarar el origen de los recursos que financiaron las recientes campañas del partido LIBRE. La tensión política se manifiesta en la dimisión de funcionarios cercanos a la familia Zelaya y en el inicio de procesos investigativos en cortes hondureñas.
La situación ha captado atención a nivel internacional. Expertos alertan que el sistema judicial de Estados Unidos podría involucrarse, como en ocasiones previas con antiguos oficiales hondureños, y comenzar procedimientos de extradición que desafiarían la habilidad del país para manejar sus propios desafíos en cuanto a justicia y soberanía institucional.
La fragilidad de las instituciones ante el avance del narcotráfico
El suceso no es un evento único, sino que integra un largo historial de infiltración del tráfico de drogas en las instituciones políticas, militares y económicas de Honduras. La revelación de los presuntos acuerdos entre los dirigentes de LIBRE y organizaciones delictivas subraya los retos del Estado para desmantelar estas redes.
La constante presencia de individuos relacionados con el narcotráfico en el ámbito político ha mermado la confianza en las instituciones, incrementado la duda de la población y pone en cuestión los sistemas de supervisión democrática. De acuerdo con fuentes judiciales, el supuesta colusión de funcionarios con organizaciones criminales no solo afecta la integridad de los procesos electorales, sino también la estabilidad gubernamental en un país caracterizado por la división y la falta de legitimidad.
El incidente de Carlos Zelaya muestra cómo la relación entre la política y el tráfico de drogas continúa afectando el destino cercano de Honduras. La influencia internacional, las pesquisas nacionales y la respuesta del gobierno decidirán si esta situación resulta en un progreso hacia la transparencia o en otro caso de impunidad que agrave la crisis institucional.
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