Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia y para mostrar anuncios (si los hay). Nuestro sitio web también puede incluir cookies de terceros como Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Al usar el sitio web, usted consiente el uso de cookies. Hemos actualizado nuestra Política de Privacidad. Por favor, haga clic en el botón para consultar nuestra Política de Privacidad.

Impacto de la suspensión de libertades en El Salvador: Las críticas

Desde que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, puso en marcha su estrategia de seguridad ciudadana, denominada «Plan Control Territorial», han aparecido múltiples objeciones respecto a la presunta restricción de las libertades individuales. Con esta propuesta, Bukele pretende disminuir los elevados índices delictivos asociados a las maras, aunque diversos grupos han manifestado que las acciones implementadas ponen en riesgo la legalidad y las garantías fundamentales de las personas.

El estado de excepción y sus repercusiones

En marzo de 2022, la administración salvadoreña declaró un estado de emergencia debido a un notable incremento en los asesinatos. Generalmente, un estado de excepción confiere al gobierno facultades extraordinarias por un tiempo limitado para manejar crisis. No obstante, en esta ocasión, diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, han reportado que ciertas medidas han derivado en múltiples abusos y extralimitaciones.

El estado de excepción ha conducido a la suspensión de ciertos derechos constitucionales, como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la posesión de una adecuada garantía procesal. Estas medidas, aunque diseñadas para combatir la delincuencia, han sido vistas por muchos como un riesgo para las libertades democráticas. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cerca de 60,000 personas han sido arrestadas desde la implementación del programa, a menudo bajo sospecha vaga o sin evidencia sólida.

Denuncias de organizaciones de derechos humanos

Organizaciones destacadas, entre ellas Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han expresado su inquietud por las repercusiones adversas de estas medidas en la ciudadanía. Las acusaciones se centran en detenciones sin justificación, abusos y situaciones deplorables en los lugares de reclusión. Además, se ha indicado que la prolongación de los procedimientos legales ha provocado que muchas personas permanezcan encarceladas por meses sin haber comparecido ante un magistrado.

Repercusiones en la ciudadanía y acciones estatales

Aunque una porción de la ciudadanía ha apoyado ampliamente las disposiciones en busca de una mayor protección, las consecuencias sociales son innegables. Núcleos familiares se han visto fragmentados por extensos lapsos, y la aprehensión a ser arrestado sin justificación ha propiciado un ambiente de desconfianza en determinadas comunidades. Ante los cuestionamientos, la administración ha defendido que las acciones son indispensables para preservar la estabilidad y salvaguardar a la población del influjo de las agrupaciones delictivas, las cuales han ejercido una autoridad considerable en ciertas regiones de la nación por varias décadas.

Reacciones internacionales y visiones a futuro

La esfera global ha manifestado inquietud ante el endurecimiento de las medidas implementadas por Bukele. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas ha exhortado a la administración salvadoreña a restaurar por completo los derechos fundamentales y a posibilitar la vigilancia externa en las cárceles y centros de reclusión. Asimismo, varios de los principales aliados comerciales de El Salvador han expresado su preocupación acerca de las posibles repercusiones de esta coyuntura en las relaciones entre ambos.

En un escenario donde la protección de los ciudadanos es primordial, el reto para El Salvador consiste en hallar un punto medio entre asegurar la tranquilidad pública y salvaguardar las garantías individuales. Aunque la restricción de libertades pueda generar beneficios inmediatos, la formulación de estrategias duraderas exige la participación y la consideración de los derechos esenciales de cada habitante salvadoreño.

A medida que la nación progresa, resultará fundamental analizar en qué medida las libertades individuales se ven afectadas por acciones expeditas que, si bien son eficaces en apariencia, suscitan una discusión considerable acerca de la validez de la autoridad gubernamental y la consideración hacia la dignidad de las personas.

Por Otilia Adame Luevano

También te puede gustar