Marisela Bonilla, esposa de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), desempeña el rol de directora de Agenda Social, desde donde representa al Poder Legislativo en distintos eventos nacionales e internacionales. Si bien el cargo implica tareas públicas de alto perfil, persisten dudas sobre su definición institucional y sobre la transparencia en la gestión de recursos.
Actividades públicas y representación internacional
Bonilla ha coordinado la instalación de la III Legislatura, organizado el Congreso Infantil y participado en reuniones con organismos internacionales y diplomáticos. Destacan su asistencia al Foro Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe en Santiago de Chile (junio de 2023) y encuentros con la FAO, junto con la diputada Xiomara Hortencia Zelaya y la diputada Isis Cuéllar.
A nivel nacional, Bonilla ha participado en inauguraciones de infraestructura hospitalaria y en la distribución de donaciones para el Congreso Infantil, gestionadas por entidades como Childfund, el Programa Mundial de Alimentos y la embajada de El Salvador. Según diputados consultados, la práctica de que la esposa del presidente del Congreso lleve la agenda social no es nueva, aunque no hay registros formales sobre su remuneración.
Fondos y transparencia: vacíos institucionales
Desde febrero de 2024, el CN registra un fondo de gastos de representación de 200 mil lempiras mensuales, sin información sobre los beneficiarios ni las liquidaciones correspondientes. La planilla del Congreso no refleja pagos directos por el cargo de directora de Agenda Social, aunque fuentes internas indican que Bonilla recibe gastos de representación, sin detalles sobre montos ni procedimientos.
La falta de claridad en la gestión de los recursos del Legislativo ya había sido expuesta anteriormente. Indagaciones de Contracorriente revelaron la asignación de 200 millones de lempiras en subvenciones sin registro de beneficiarios, además del empleo de tarjetas de crédito institucionales para cubrir desembolsos personales y viáticos. Un ejemplo es que, en junio de 2023, se notificaron 1 millón 237 mil lempiras en viáticos internacionales sin especificar a quiénes se destinaron; en otros periodos, también se documentaron erogaciones que oscilaron entre 400 mil y 500 mil lempiras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) advierte que cargos de este tipo generan riesgos de conflicto de interés debido a la cercanía familiar con funcionarios de alto rango. El abogado Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación del CNA, señala que la Ley de Transparencia exige publicar acuerdos, dietas, viáticos y gastos de representación, incluso para posiciones ad honorem, requisito que no se cumple en el caso de Bonilla.
Antecedentes históricos y administración de recursos
La trayectoria de diversas esposas de presidentes de poderes públicos refleja precedentes de manejo poco transparente de recursos. La exprimera dama Rosa Elena Bonilla fue sentenciada a 14 años de prisión por fraude continuado y apropiación indebida de caudales estatales, luego de administrar cerca de 94 millones de lempiras provenientes de donaciones y programas sociales.
El CNA igualmente señala un incremento de parientes con alto grado de consanguinidad y afinidad dentro del Estado, llegando en 2024 a contabilizar 115 funcionarios, distribuidos en 47 instituciones que abarcan el 43% del presupuesto nacional y con un acceso potencial de 175 mil millones de lempiras. Este panorama muestra una tendencia de concentración de poder que avanza sin mecanismos claros de supervisión.
Restricciones a la rendición de cuentas
Contracorriente solicitó al presidente del Congreso, Luis Redondo, y al área de comunicaciones información sobre el cargo de Bonilla, su remuneración y acceso a viáticos, sin obtener respuesta. El CN tampoco facilitó contacto directo con la directora de Agenda Social, dejando sin explicación la estructura formal del puesto.
El rol de la esposa del presidente del Legislativo entrelaza tareas de carácter público con el uso de determinados recursos, aunque persisten notables vacíos en transparencia y rendición de cuentas, prolongando patrones tradicionales en la administración de fondos estatales. Este escenario genera desafíos para la gobernabilidad, el control ciudadano y la solidez institucional del Congreso Nacional.
